Suspender ingreso en prisión

Suspender la entrada en prisión

Evita el ingreso en prisión

Muchos de nuestros clientes acuden a nuestro despacho con la carta de ingreso voluntario en Centro Penitenciario en un plazo de 10 días, comunicada por su anterior dirección Letrada, sin previo aviso y sin anestesia. Muchos no sabían ni que los habían condenado.

La pregunta que siempre nos hacen es sí deben ingresar en prisión en el plazo concedido de 10 días. La respuesta muchas veces es NO, ya que existen muchos recursos o mecanismos jurídicos que nos proporcional la Ley de Enjuiciamiento Criminal para intentar suspender la entrada inminente. A veces el cliente únicamente nos pide tratar de alargar el ingreso 6 meses o un 1 año para poder organizar su vida y familia.

Otras veces el ingreso en prisión deriva por no haber satisfecho la responsabilidad civil o la multa impuesta por condena, algunas veces por desidia de su abogado al no comunicar o avisar al cliente de los riesgos, otras por abandono del propio cliente en la creencia de que una vez tiene suspendida la pena ya no entrará en prisión.

Sin embargo, nada tiene que ver que tengas la pena suspendida para que se te revoque la misma, si no abonas la responsabilidad civil o multa aplazada en la condena impuesta por sentencia.

Cuál es la Pena mínima para ingresar en prisión.

Otra de las leyendas urbanas y en las que existe mucha confusión, es que si la pena NO es superior a 2 años no entras en prisión, y esa afirmación no es cierta.

El Art. 80.2 del Código Penal dice:

2. Serán condiciones necesarias para dejar en suspenso la ejecución de la pena, las siguientes:

1.ª Que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136. Tampoco se tendrán en cuenta los antecedentes penales correspondientes a delitos que, por su naturaleza o circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros.

2.ª Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a dos años, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa.

3.ª Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia conforme al artículo 127.

Es cierto que si la pena es inferior a 2 años (hay excepciones aún superando los 2 años) el Código Penal dice que la pena podrá suspenderse, pero esa es sólo 1 de las 3 condiciones que deben darse o cumplirse.

Las otras dos condiciones para no ingresar en prisión es que el reo haya satisfecho la responsabilidad civil (no siempre existe responsabilidad civil) y que no exista reincidencia por delitos de la misma naturaleza.

Es decir, que si te condenan a 2 años de prisión, NO tienes antecedentes penales por ese delito por el que se te ha juzgado y condenado, y has satisfecho la Responsabilidad Civil, lo normal es que la pena se suspenda ipso facto por el Juzgador.

Existe la posibilidad, nosotros lo hemos conseguido en muchas ocasiones, que si la responsabilidad civil es muy grande (fuera de nuestro alcance o posibilidades económicas) y no puedes abonarla íntegramente, pactar con el Fiscal una reparación del daño parcial supeditada a que el Ministerio Fiscal NO se oponga a la suspensión de la pena.

¿Se puede suspender una entrada en prisión, una vez me ha sido revocada la suspensión de la pena?

La respuesta es un SI (hay UN HILO de esperanza), y dependerá si la revocación se debe a un quebrantamiento de la pena, una reincidencia en periodo de suspensión o por ejemplo no haber abonado la responsabilidad civil en el plazo comprometido en ejecución de sentencia (Ejecutoria).

En el primero de los casos (Quebrantamiento o reincidencia) es posible «suspender» el ingreso en prisión voluntario, articulando los recursos correspondientes frente a la revocación del beneficio de la suspensión (Recurso de reforma, apelación y/o revisión), pero si te han desestimado los recursos y se ordena el ingreso voluntario, aún quedaría abierta otra posibilidad de suspender. Y si no es posible suspender (ya que depende de muchos factores), alargar el dramático ingreso en prisión de manera voluntaria de una manera TOTALMENTE LEGAL.

En el segundo de los casos (no abonar la responsabilidad civil o multa) será mas fácil que el primer caso.

Estas soluciones (no podemos desvelarlas aquí) únicamente la ofrecemos a nuestros clientes, toda vez que es el fruto del ejercicio de mas de 35 años de años dedicados al Derecho Penal.

Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros, LA CONSULTA ES TOTALMENTE GRATUITA.

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Certificado de delitos sexuales: ¿Cómo obtenerlo?

En el nuevo trabajo me solicitan el «certificado de delitos sexuales».

¿Qué es el certificado de delitos de naturaleza sexual?

La aprobación de Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia de 2015, obliga a que todas las personas que trabajan habitualmente con menores deben presentar el certificado de delitos sexuales en su centro de trabajo. Este requerimiento afecta a  miles de educadores, médicos pediatras, catequistas, chicas del hogar, monitores de tiempo libre, técnicos de actividades deportivas, socorristas, voluntarios, etc.

Es un certificado que expide de manera gratuita el Ministerio de Justicia, en el que se hace constar si el interesado tiene o no antecedentes por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, así como por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía.

¿Qué periodo de validez tiene el certificado?

El certificado de delitos de naturaleza sexual refleja la información que conste en el Registro Central de Delincuentes Sexuales en el momento de su expedición.

¿Quién debe solicitarlo o para qué trabajos se necesita?

Quien pretenda acceder o ejerza profesiones, oficios, actividades o voluntariados que impliquen un contacto habitual con menores.

¿Dónde solicitarlo?

1. Presencial. Acudiendo personalmente a cualquiera de los siguientes lugares:

2. Solicitud en sede electrónica. A través de la Sede Electrónica del Ministerio de Justicia. De este modo, el documento se genera en el momento. Para ello es necesario contar con un certificado digital como puede ser:

  • DNI electrónico.
  • Firma digital, como la emitida por la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre.
  • Clave pin, la cual se puede obtener en la Agencia Tributaria y es enviada por correo ordinario al domicilio que allí se indique.

En ambos casos, se le envía al interesado un SMS a su teléfono móvil para que pueda descargar el documento cuantas veces quiera, desde la sede electrónica del Ministerio de Justicia.

La obtención del certificado sobre delitos de naturales sexual tiene carácter gratuito, incluye sello de órgano y código seguro de verificación (CSV) con el que podrá comprobar en cualquier momento su autenticidad.

Desde aquí podrá solicitarlo.

Igualmente le dejamos a su disposición un manual de usuario que puede descargar desde nuestra web de inocencia.es

Enlace manual usuario.

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Cortar la luz y el agua al inquilino en «situación de vulnerabilidad» que no paga el alquiler ¿es delito?.

Situación insostenible y límite para los propietarios de viviendas alquiladas.

No es la primera vez que llega un cliente a nuestro despacho, totalmente desesperado e impotente, al ver cómo su inquilino se ríe literalmente en su cara, amparado por el nuevo Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto dictado por nuestro Gobierno. Hay situaciones entendibles y razonables, bajo auténticos estados de necesidad. Y no, ni todos los arrendadores son tan malos, ni todos los arrendatarios son tan incumplidores. Pero me da a mí, por lo menos es lo que intuyo y empiezo a ver de manera mas frecuente, que mucha gente va a «subirse al carro» de la desgracia y van a replicar lo que ocurrió con la crisis financiera de 2008-2009. Es decir, que bajo la excusa del Covid-19 la gente siempre busca una excusa para no pagar.

Nuestro caso en particular, se trata de un cliente (extranjero), al que su inquilino únicamente abonó dos cuotas de alquiler. En el contrato de arrendamiento se plasmó como obligación principal para el arrendatario que se pusiera los servicios de agua y luz a su nombre lo antes posible comprometiéndose a abonar todos los recibos que se devengasen de luz y agua, desde la firma del contrato. Nada de esto hizo.

Pues bien, a penas transcurridos dos meses del contrato y antes de la pandemia, el inquilino empieza a NO pagar la luz (RECIBOS DE HASTA 280 €), ni el agua ni las rentas del alquiler (650 €/mes) . La explicación es la de muchos: perdí mi trabajo por el Covid-19. En ese momento el Gobierno no había dictado aún ningún Decreto de suspensión de lanzamientos, eso vino después.

El cliente nos trae el contrato al despacho, recopilamos toda la información, y procedemos a interponer demanda de desahucio ipso facto. El procedimiento por causas ajenas a nuestro despacho -algunos juzgados de Alicante tienen mucha carga de trabajo- se ralentiza, y lo que tiene que ser un procedimiento rápido se demora mas de un año.

Finalmente, y para resumir, mientras se tramita el procedimiento, el Gobierno dicta la primera prorroga (la última se supone expira el próximo 31 de octubre de 2021), y el inquilino deudor para dilatar mas el procedimiento solicita abogado del turno de oficio, esto era previsible, pero que perjudica al arrendador demandante porque suspende el curso del procedimiento mientras se tramita la concesión de Abogado y Procurador. Se señala una primera vista con lanzamiento, pero se suspende porque el inquilino solicita ampararse en el Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto y ser víctima vulnerable, quedando a la espera del informe de vulnerabilidad emitido por el correspondiente Ayuntamiento. Y a la segunda va la vencida, conseguimos que se celebre el juicio, se dicta una sentencia declarando resuelto el contrato de arrendamiento, mas la condena de todas las rentas devengadas, mas los recibos de suministro de luz y agua y costas.

Pero desgraciadamente esto no acaba aquí. Al estar vigente las medidas del Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto hasta el 31 de octubre de 2021 quedan suspendidos todos los procedimientos de desahucio y lanzamientos cuando el inquilino demandado entra dentro de los supuestos que el Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto establece. A partir de ahí, y si no se prorroga mas, conseguiremos el lanzamiento inminente, pero mientras tanto el arrendador tiene que seguir abonando los recibos de agua y luz, que es lo que abre el debate que sigue a continuación.

El queda redactado como sigue:
«Artículo 1. Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional.

  1. Desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 31 de octubre de 2021, en todos los juicios verbales que versen sobre reclamaciones de renta o cantidades debidas por el arrendatario, o la expiración del plazo de duración de contratos suscritos conforme a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos

La pregunta del millón: ¿Puedo cortar la luz y el agua al inquilino que no paga?

La respuesta como Abogado es NO. ¿Pero qué pasa si tú como propietario no puedes abonar los recibos porque también resultas vulnerable?.

Hay que distinguir entre el tipo de acción: una cosa es llamar a la compañía de suministro eléctrico y de agua y dar «orden expresa» de corte, y otra muy distinta es dejar de pagar los recibos porque no se puede, falta de capacidad económica.

Nuestro Código Penal responde de manera distinta a esas dos acciones, en una existe dolo o intencionalidad y en la segunda no.

Podemos asistir a varios escenarios:

Caso 1.-) Inquilino con contrato de alquiler «vigente» que no paga agua ni luz, pero SI las rentas de alquiler.

En este caso, ante un corte de agua y luz intencionado, lo normal es que el inquilino nos denuncie y nos juguemos ser condenados por un delito leve de coacciones. Existen varias sentencias condenando al propietario arrendador por esto, así que ojo.

Las penas son las siguientes:

A partir de la reforma del Código Penal (en vigor desde el 1.07.2015) que ha suprimido las faltas, se consideran «delito leve de coacciones» (artículo 172.3 Código Penal), estableciéndose la pena de multa de uno a tres meses.

Cuando los hechos tienen mayor relevancia, por la conducta reiterada o porque entran en juego otros factores como hijos menores, perjuicios importantes en el negocio, etcétera, podríamos estar frente a un delito de coacciones del artículo 172.1 Código Penal, que lleva aparejada la petición de pena de prisión, y penas de 6 meses a 3 años. Pero en nuestro caso, dudo mucho que vaya por delito.

En caso de ser NO intencionado el corte, porque sencillamente no tengamos capacidad económica para pagar, la mayoría, por no decir todas las sentencias que he visto son absolutorias, si llegan a juicio, ya que la mayoría acaban en archivo.

Caso 2.-) Inquilino con Contrato de alquiler no vigente, es decir, ya demandado y contrato de alquiler resuelto por Sentencia, y que no paga ni Luz, ni Agua ni Rentas.

Este es el caso que causa mas desesperación, pero como Abogado sigo recomendando seguir la vía legal y procesal, y ahora te explicará por qué. Lógicamente si cortas la luz y el agua te juegas una denuncia por parte del inquilino, ya que al verse sin suministro es la reacción más típica y práctica para él, además todo el mundo se lo recomendará. Pero en estos casos, en los que el contrato se encuentra ya resuelto y con Sentencia, las posibilidades de que acabes condenado son prácticamente nulas.

Pero ocurre otra cosa y lo mas divertido del asunto, el Corte de Luz y Agua no será a veces la solución ideal, ¿Por qué? pues muy sencillo, porque el RD prohíbe a las compañías el corte de luz y agua:

Uno. El apartado 1 del artículo 4 queda redactado como sigue:


«1. Hasta el 31 de octubre de 2021 inclusive, no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo
de exclusión social
definidas en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos

El inquilino moroso sólo tiene que presentar su informe de vulnerabilidad y la compañía reestablecerá el servicio de luz y agua, paguemos o no los recibos, pero que al estar a nuestro nombre, tendremos que abonarlos. ¿Es injusto? pues si, habrá excepciones, también, pero cuando los poderes públicos intervienen tanto, la gente se acomoda y se relaja.

También es cierto que existen ayudas para los arrendadores, pero ya veremos el recorrido de estas ayudas a dónde llega y quién las percibe finalmente.

Existen casos en los que el Corte de Agua y Luz espanta al inquilino moroso, pero volvemos a tener otro problema. ¿Has pensado que NO PUEDES entrar en una vivienda, aunque sea la tuya propia?, NI PUEDES CAMBIAR la cerradura porque estarías incurriendo en otro delito de coacciones o en el peor de los casos allanamiento de morada?

Tengo ya sentencia de desahucio, ¿Cuándo podré lanzar a mi inquilino?

Si no hay nuevas prorrogas ni medidas el Real decreto mantiene todas las medidas de suspensión hasta el 31 de octubre de 2021, y reactivará los procedimientos en el estado en que se encuentren.

He sido denunciado por mi inquilino por Cortar la Luz y Agua

Si estás este caso, no te preocupes, contacta con este despacho y te daremos las pautas a seguir, ya que puede ser que no te haga falta ni abogado.

Llámame sin compromiso!

Bufete Padilla penalistas
Artículo escrito por Alberto Padilla Franco

Contacto e-mail a info@inocencia.es

Salir cuanto antes de prisión

Derecho Penitenciario. Salir cuanto antes de Prisión: tipos de permisos y requisitos.

Tener un familiar entre rejas por un delito no muy grave (pena inferior a 5 años) es una situación angustiosa, y la mayoría de las veces la cárcel no cumple con su misión principal: la reinserción social del reo.

Cuando visito a clientes a prisión, los mismos me cuentan que tienen compañeros de celda que su abogado no los ha visitado una sola vez desde que ingresaron para cumplir su pena -o se encuentran en prisión provisional-, dejándolos a su suerte y en un completo olvido y abandono, algo que, los familiares también desconocen al pensar que su familiar tiene que cumplir la pena íntegra, cuando en realidad no siempre es así. Es posible que nuestro familiar o amigo, que se encuentra en prisión pueda salir mucho antes de lo que imaginemos. Para ello deben cumplirse una serie de requisitos y eso si, el comportamiento del reo tiene que ser ejemplar. Voy a pasar a explicar los tipos de permisos o régimenes que existen actualmente en nuestro Derecho Penitenciario, y luego analizaré cuales son aquéllos reos que mas posibilidades tienen de abandonar prisión antes de cumplir la pena. Lo que resulta claro es que, si el Abogado del penado no hace nada, el penado cumplirá la pena en su integridad en la mayoría de los casos.

Tipos de régimen:

El régimen más restrictivo es el primer grado (régimen cerrado),
El régimen ordinario es el de segundo grado
El régimen abierto es el tercer grado, y tiene diversas modalidades.
El último grado es la libertad condicional.

En este artículo me centraré en el tercer grado, por ser el régimen mas interesante desde el punto de vista de la libertad del penado.

 La clasificación en tercer grado determina la aplicación del régimen abierto en cualquiera de sus modalidades: Secciones abiertas, Centros de Inserción social (art. 163 RP), Unidades Dependientes (art. 165 RP), Unidades de Madres (art. 178. RP) y Unidades extrapenitenciarias privadas o públicas para la atención a drogodependientes (art. 182 RP).

Una vez alcanzado el 3º Grado, tu vida penitenciaria cambia. En primer lugar pasaras al Centro de Cumplimiento o CIS (Centro de Inserción Social o de Régimen Abierto). Aquí pasaras por varias fases:

1.-) Durante la primera semana, permanecerás por las mañanas en el Centro de inserción. Por las mañanas, te entrevistará el Psicólogo/a, el Educador/a, el/la Asistente Social y el Médico. Y entre los requisitos más importantes que has de solventar, es el del Contrato de Trabajo o Estudios medios superiores, Analítica de sangre correcta, y tener una vivienda donde vivir, ya sea tu propia vivienda (que acreditarás, con copia de escritura de compraventa, certificado de empadronamiento, etc..) o declaración jurada de tu cónyuge o algún familiar. Sin contrato de trabajo casi seguro que no hay libertad, te lo cuento por experiencia en otros clientes que he tenido, por eso es muy importante que algún conocido que tenga su propia empresa o cualquier negocio, te haga un contrato de trabajo, aunque sea de manera temporal. Ya que si no aportas este requerimiento, no podrás salir durante el día a la calle.

2.-) Una vez reunidos los requisitos anteriores (Contrato de trabajo, Analíticas correctas y vivienda) y con el visto bueno de la Junta de Tratamiento y el Juez de Vigilancia Penitenciaria, podrás disfrutar de la calle, con un horario restringido, pero en plena libertad. Podrás elegir estar fuera entre semana trabajando ya sea en horario nocturno o diurno. Si encima estudias, aún disfrutarás de un horario mas amplio.

3.-) Si no cumples los anteriores requisitos tendrás que cumplir, hasta que lleves los 2/3 de condena en el Centro de Inserción, podrás pedir o solicitar permisos, e incluso fines de semana, pero siempre con el visto bueno de la Junta.

Libertad Condicional o Cuarto Grado.-

A partir de los 2/3 de Condena hay que ir a a por la Libertad Condicional. Se trata de la última fase de cumplimiento de la condena, el equivalente a lo que sería el 4º Grado. Se concederá y mantendrá siempre y cuando se observen las condiciones impuestas por el J.V.P. (Juez de Vigilancia Penitenciaria) y no se delinca durante este periodo. El J.V.P. te lo concederá sobre la base de un informe positivo del Ministerio Fiscal, de I.I.P.P (Instituciones Penitenciarias) y un informe vinculante de la Junta de Tratamiento del Centro.

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Retirada de carné por alcoholemía

El delito de conducción de vehículos a motor bajo los efectos de bebidas Alcohólicas. Límites, efectos y sus consecuencias.

Últimamente, nos llegan al despacho numerosas consultas sobre la conducción de vehículos a motor bajo los efectos de bebidas alcoholicas. Me estoy refiriendo al delito de Alcoholemia. Y parece ser que, existe entre la gente una cierta confusión en lo que concierne a este delito que, aunque no crea alarma social, si puede generarnos a la larga, y dependendiendo del caso, claro está, un perjuicio grave a nivel penal, personal y económico.

Son muchas las veces que he escuchado a Autónomos (la mayoría de las veces, profesionales del transporte) decir que, como utilizan el coche para trabajar, «que el carné se lo retiran únicamente los fines de semana»,  es decir, con un fraccionamiento de condena, lo que dota equivocadamente a este delito de una cierta impunidad de cara a la sociedad, desconociendo cuan daño nos puede hacer; esto es, desde perder un empleo, matar al que viene de frente, atropellar a un ciclista, etc, etc… Y esto, es cierto que se ha conseguido algunas veces (me refiero a fraccionar la pena), pero desde hace unos años hasta ahora, y en base a varias sentencias dictadas por distintas Comunidades Autónomas esto dejó de aplicarse. Cuando a una persona le retirán el carné, tendrá que obligatoriamente dejar de conducir durante el tiempo de condena, so pena de incurrir en un quebrantamiento de condena que complicaría aún mucho mas las cosas.

En todo caso, se entenderá que el conductor circula bajo la influencia de bebidas alcohólicas cuando los resultados arrojados tras realizar la prueba de alcoholemia, sean superiores a 0,60 miligramos por litro de aire espirado.  Si el resultado de la prueba es inferior a 0,60 miligramos por litro de aire espirado pero superior a 0,25 podremos estar ante una infracción administrativa, no un delito, a no ser que (ojo a esto–>) el resto de las pruebas en contra del conductor, demuestren  que éste conducía bajo la influencia de bebidas alcohólicas

¿Penas?

En todo caso, el juez impondrá la siguiente pena:
Privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. Y además, uno de los siguientes:
– Prisión de tres a seis meses, o bien
– Multa de seis a doce meses, o bien
– Trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

La retirada de carné dependerá del resultado de la prueba, a mas alcohol en sangre mas apretará el Fiscal a la hora de pedir la retirada. Lo normal es que si estamos entre 0,6 y 0,9 pida 9 meses de retirada. Es aquí donde el Abogado tiene que negociar con el Fiscal la rebaja de la pena, pero no suele haber mucha horquilla para negociar toda vez que los Fiscales tienen sus límites impuestos por sus superiores.

Podremos escoger entre los tres tipos de pena a cumplir, cada una tiene sus ventajas:

– La pena de prisión es la menos recomendamos, aunque es cierto que no tendrá que abonar multa o hacer trabajos en beneficio de la comunidad.

– La pena de multa irá en función de la capacidad económica del acusado, pero suele ser una media de 1.500 €. Eso sí no nos pondrán penal de prisión ni tendremos que hacer los trabajos.

– Los trabajos en beneficio de la comunidad es la que la gente, con menos medios económicos suele hacer, ya que no tendremos prisión ni tendremos que abonar multa. Esta pena, se cumple empleando nuestro tiempo para los demás, en beneficio de la sociedad.

Es importante subrayar lo siguiente en cuanto a los efectos:

Decomiso (para los casos mas graves, decir que yo ya he visto una persona reincidente por 3 veces decomisarle el vehículo) del vehículo por considerarse instrumento del delito, salvo que  su valor no guarde proporción con la naturaleza o gravedad de la infracción penal, o se hayan satisfecho completamente las responsabilidades civiles, en cuyo caso el juez podrá no decretar el decomiso o decretarlo parcialmente.
– En caso de que la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores tenga una duración de dos años o más, implicará la pérdida del carnet de conducir.

¿Cómo puedo defenderme?

Aunque en este tipo de delito queda muy acotado el margen de maniobra de la defensa, debido a la objetivación del delito que representa la vinculación del mismo a que el imputado haya dado una lectura superior a 0,60 mg, existen vías que se pueden explorar para evitar una condena injusta. A continuación indico alguna a mero modo indicativo, si bien es necesario analizar el caso concreto para poder tener una visión completa de cada situación, que nos indicará cual es la mejor estrategia de defensa.  Lo aconsejable y prudente es obtener la asistencia de un abogado especialista en tráfico.

Recomendaciones

En primer lugar si vamos a conducir, la primero sería no beber, si lo hacemos intentar beber a lo sumo una o dos cervezas. No hace falta sacar de quizio ni llegar a los extremos. Un par de cervezas con un peso medio de 70 Kg no dá positivo, las mujeres dan positivo antes.

Recomendamos siempre siempre NO NEGARSE NUNCA A SOMETERSE A LAS PRUEBAS DE ALCOHOLEMIA vayas bien o mal, ya que esto implicaría la comisión de otro delito, en cuyo caso para que te hagas una idea, las penas se multiplican x 2.

Si que existe la posibilidad de en vez de soplar con el etilómetro, hacerse una análitica de sangre en un centro médico supervisado por los agentes. En estos casos si pensamos que podemos estar al límite penal (mas de 0,6), y estamos ante la presencia de un control de alcoholemía de grandes dimensiones, puede beneficiarnos el hacernos la analítica de sangre en vez de soplar, aunque únicamente cuando el traslado al centro medico se demore una o dos horas. Es cierto que la analítica es mas certero que el de aire, pero si ganamos tiempo nuestro nivel de alcohol en sangre descenderá. Otra de las ventajas es que en pequeños pueblos las analíticas de sangre, una vez trasladadas del centro médico al cuartel de la policía, suele romperse la cadena de custodía, lo que convertirá dicha prueba en una prueba no válida. Siendo muy importante igualmente tratar amablemente a los agentes intervinientes ya que a malas no conseguiremos nada.

¿Me han hecho la prueba y he dado positivo, ahora qué?

Normalmente estos juicios se celebran como Juicios Rápidos, (donde nos citarán en casa para comparecer por medio de letrado y procurador, el día que se celebrán este tipo de juicios, ya que se celebrán todos a la vez) donde al investigado o la persona que ha dado positivo en alcoholemía, el Fiscal que es el que acusa, le ofrece una rebaja de la pena si a cambio reconoce los hechos. Lo normal es que, si nosotros previo examen del atestado vemos que el etilometro cuenta con las homolagaciones y certificaciones pertinentes, y existan síntomas externos, es que lleguemos a una conformidad. De lo contrario pasaría a Diligencias Previas, ganando mas tiempo eso sí, ya que podrás seguir conduciendo, pero a cambio de no beneficiarte del 1/3 de rebaja que te ofrecerá el Ministerio Fiscal una vez haya hecho el escrito de calificación.

Una vez se pacta la conformidad, las partes (Acusado y Ministerio Fiscal) firmarán el Acta y el Juez redactará la Sentencia. Eso sí, desde el momento en que se llega a la conformidad el acusado deberña dejar el carné de conducir en el mismo juzgado, y se lo devolverán el día que cumpla la pena, que empezará a cumplirse desde que firma el acta. En caso de haber elegido trabajos en beneficio de la Comunidad o el pago de la multa, deberemos esperar unos días a que la Sentencia pase a fase de Ejecutoría, en cuyo caso nos avisarán para realizar los trabajos o abonar la multa de manera fraccionada o de golpe.

Este procedimiento aunque no parezca complejo, si que advertimos necesaria la asistencia de un profesional especializado en Derecho Penal, toda vez que a la hora de negociar con el Ministerio Fiscal y examinar sí las pruebas se han practicado conforme a Derecho, se necesita un perfecto conocimiento de esta materia.

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Derecho Penitenciario

Índice de contenidos

Régimen Penitenciario

Prisión Preventiva

La prisión en España puede plantearse en la fase de instrucción, esto es, en la primera fase del procedimiento penal, cuando se están reconstruyendo los elementos del delito, como una medida cautelar excepcionalísima. La misma está regulada en los artículos 502 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal titulado el capítulo como “La prisión preventiva”.

La prisión preventiva sólo puede ser acordada mediante resolución judicial en forma de auto, y tras escuchar en audiencia al interesado, en lo que se denomina como “vista del 505” en relación con el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La prisión preventiva sólo puede ser acordada mediante resolución judicial en forma de auto, y tras escuchar en audiencia al interesado, en lo que se denomina como “vista del 505” en relación con el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El investigado sólo podrá estar 1 u 2 años en prisión, salvo se prorrogue su situación procesal.

¿Cuándo se acordará la prisión preventiva?

La prisión preventiva en España sólo se puede acordar por el juez instructor que esté investigando la causa o en su caso un sustituto, sólo se adoptará cuando sea objetivamente necesaria, y cuando no existan otras medidas menos lesivas para el derecho fundamental a la libertad del investigado, cómo pueden ser: la imposición de una fianza, retirada del pasaporte y prohibición de salida de España, imposición del deber de firmar ante el juzgado, o simplemente comunicar un domicilio de notificaciones.

¿Qué requisitos exige la prisión preventiva?

La prisión preventiva, al ser una medida tan lesiva para la libertad, exige para que esta se acuerde que concurran unas causas muy tasadas, la ley las recoge en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y siguientes:

  • Que existan en la causa hechos que revistan una pena de prisión igual o superior a dos años. Podría acordarse también para aquellos hechos con pena inferior si el investigado o encausado tuviere antecedentes penales, derivados de un delito doloso.
  • Que aparezcan en la causa “motivos bastantes” para creer responsable criminalmente al investigado.
  • Que se persiga alguno de los siguientes fines: (a) Asegurar la presencia del investigado en el proceso cuando exista riesgo de fuga. (b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas. (c) Evitar que actué contra la víctima.
  • Para evitar que el investigado o encausado comenta otros hechos, evitar la reiteración delictiva.

¿Cuánto tiempo durará la prisión preventiva?

La prisión preventiva durará “el tiempo imprescindible” para alcanzar alguno de los fines relacionados con esta medida. Sin embargo el artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula la prisión según las circunstancias por las que se acordó en:

  • Para delitos con penas iguales o inferiores a 3 años de cárcel, de hasta 1 año.
  • Para delitos con penas superiores a 3 años de cárcel, de hasta 2 años.

Cumplidos los 2 años anteriores:

  • Para delitos con penas superiores a 3 años, cumplidos los 2 años anteriores, prorrogable hasta 2 años más. Total 4 años de prisión preventiva.
  • Para delitos con penas iguales o inferiores a 3 años, cumplidos los 2 años anteriores, prorrogable hasta 6 meses más.

Prisión en Ejecución de Condena

Celebrado el juicio oral y de existir un fallo condenatorio –sentencia condenatoria– con una pena privativa de libertad, tras la revisión de la condena en segunda instancia en un Tribunal de apelación y si esta es desestimada, finalmente se llega a la ejecución de la pena de prisión. Si esta no puede quedar suspendida o sustituida por multa, conforme el artículo 80 del Código Penal, se acordará el ingreso en prisión del condenado.

Es importante que sepas, – si te encuentras en esta situación – que una vez hayas sido condenado en primera y segunda instancia, y si te encuentras en situación de libertad, aún no cumpliendo los requisitos de suspensión, es posible tramitar un indulto y solicitar la suspensión de ingreso en prisión mientras se tramita éste. En INOCENCIA.es tenemos varios casos de éxito en estas circunstancias.

Una vez en prisión, toda persona tiene una serie de derechos y obligaciones que le son propios, con el fin de cumplir el objetivo de la prisión, que en España es, sobre todo, la reinserción y resocialización del condenado conforme el artículo 25.1 de la Constitución.

Dependiendo de la duración de la pena de prisión el interno será clasificado: en primer, segundo o tercer grado. Lo normal será la clasificación en segundo grado ya que los primeros grados están reservados para supuestos excepcionales.

Una vez clasificado, se podrá optar a los permisos de salida, que serán progresivos si existe buena conducta e informes positivos por parte del Centro Penitenciario. Habiendo gozado de permisos de salida, llegará la clasificación en tercer grado y finalmente la ansiada libertad condicional.

Sin embargo para un correcto desarrollo del tiempo en prisión es necesario conocer las obligaciones y deberes del interno con el fin de que pueda cumplir la pena en el menor plazo de tiempo necesario acorde a sus circunstancias.

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Delitos Informáticos

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Conductas delictivas que pueden darse mediante la informática

Todo este conjunto de conductas tipificadas en el Convenio sobre Ciberdelincuencia o Cyber Crime, del Consejo de Europa y su protocolo adicional, no tienen una traslación fiel en nuestro Código Penal. Los tipos penales que más se aproximan a lo que refleja el Convenio son:

  • De las amenazas, artículo 169 y artículo 171.
  • De los delitos de exhibicionismo y provocación sexual, 186.
  • De los delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores (pornografía infantil), artículo 187.1, 189.1,2,3,7 y 8.
  • Del descubrimiento y revelación de secretos, artículo 197, 199 y 200.
  • De la calumnia, artículo 205 y 206.
  • De la injuria, artículo 208 y 209.
  • De las estafas, artículo 248 y 249.
  • De las defraudaciones de fluido eléctrico, artículos 255 y 256.
  • De los daños, artículo 264.2.
  • De los delitos relativos a la propiedad intelectual, artículo 270.
  • De los delitos relativos a la propiedad industrial, artículo 273 y artículo 274.
  • De los delitos relativos al mercado y a los consumidores (descubrimiento de secreto de empresa), artículos 278 y 279.
  • De los delitos relativos a las falsedades documentales, artículos 390.1, 392, 395 y 400.
  • De los delitos contra la comunidad internacional (apología del racismo y la xenofobia), artículo 607.

Es de destacar que conductas tan frecuentes en esta Sociedad de la Información, como el Spam, difícilmente encuentran cabida entre los delitos tipificados en nuestro Código Penal, por lo que no son perseguibles por vía penal.

Además de los tipos penales, en la parte General del Código Penal encontramos una serie de artículos que cabe señalar por su importancia en la realidad social del delito informático. Esto son los que se refieren a la responsabilidad civil por los delitos y DELITOS LEVES (artículos 109, 110 y 120) y a las consecuencias accesorias (artículo 127).

Complementos legislativos en el ámbito del derecho informático

Existe un cuerpo legislativo, fuera del ámbito penal, que complementa a los tipos penales y que pretende regular aspectos de la Sociedad de la Información:

    • Ley de Servicios para la Sociedad de la Información y de comercio electrónico.
    • Ley Orgánica de Protección de Datos.
    • Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.
    • Ley General de Telecomunicaciones.
    • Ley de Propiedad Intelectual.
    • Ley de Firma Electrónica

¿Qué es el delito de distribución de pornografía infantil a través de programas denominados P2P?

 ¡Ojo con lo que compartes!—> EMULE

 

Compartir material inapropiado en Internet usando programas denominados P2P o peer-to-peer (eMule) pudiera considerarse delito de distribución de pornografía infantil. El Tribunal Supremo matiza y no condena por solo utilizar un programa P2P o peer-to-peer o eMule. El Tribunal Supremo considera que hay que analizar caso por caso para apreciar o no la voluntad de difundir pornografía infantil.

Artículo 189.1 b): se castiga al que “produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, difusión o exhibición por cualquier medio de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de edad o incapaces, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere desconocido”.

Tras la reforma de 2015 del Código Penal es delito difundir material pornográfico virtual o técnico.

¿Qué es el delito de posesión de pornografía infantil?

Adquirir o tener material visual inapropiado para consumo propio pudiera considerarse delito de posesión de pornografía infantil. Para cometer el delito el material debe imprimirse o grabarse en algún soporte. No es delito descargarse y borrar de inmediato archivos que se han obtenido de forma accidental. Además, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado solo investigan casos en los que se descargan completamente varios archivos.

Ante esta situación: debe valorarse el número de fotos y videos intervenidos, la edad del menor o el tipo de acto sexual. Además del tiempo que se ha tenido el material, como se organiza o cómo fue adquirido el mismo.

¿Qué es el delito de acceso a sabiendas a pornografía infantil?

Como su nombre indica, es acceder a pornografía infantil sabiendo a lo que accedes. Para cometer el delito se usan las tecnologías de la información y la comunicación. En este caso, el Fiscal debiera demostrar la intencionalidad del acceso al material con pornografía infantil.

¿Cuáles son los subtipos agravados para la distribución de pornografía infantil?

  • Carácter particularmente degradante o vejatorio de los hechos.
  • Representación de menores o personas con discapacidad víctimas de violencia física o sexual.
  • Material pornográfico de notoria importancia.
  • Pertenencia del culpable a una organización o asociación.
  • Subtipo hiper agravado: Si se utiliza violencia para elaborar el material y el material lo refleja.

Cuestiones técnicas de la difusión de ficheros informáticos a través del programa eMule.

¿Cómo funciona eMule?

Los archivos se dividen en fragmentos de archivo y esos fragmentos de archivo es lo que se intercambia. La forma de compartir archivos en eMule es por fragmentos. No todos los ordenadores disponen al mismo tiempo del 100% de los fragmentos del archivo; sino que uno puede tener un 40% de los fragmentos, otro un 30% y otro el 100%

Para poder visualizar el contenido completo de un archivo es preciso haber obtenido todos los fragmentos de un archivo. Es preciso haber obtenido el archivo por completo. Para poder visualizar parte del contenido del archivo, o poder saber qué se está obteniendo, es preciso haber obtenido siempre el primer y último fragmento del archivo, así como una parte sustancial del archivo. Lo cual en la práctica es normalmente equivalente a tener descargado el archivo completo.

La obtención de todos los fragmentos de un archivo de otros ordenadores puede tardar minutos, horas, días o semanas. Todo dependiendo del tamaño del archivo, del número de archivos que se descargan de modo simultáneo y del ancho de banda de la conexión contratada para acceder a Internet (cantidad de información que puede transmitirse a través de una conexión por unidad de tiempo).

¿Qué son las carpetas “temp” e “incoming”? y ¿Qué son archivos compartidos?

Una vez se instala en un ordenador el programa informático eMule, automáticamente, quedan creadas las carpetas denominadas “temp” e “incoming”.

  • En la carpeta denominada “temp” se van almacenando los fragmentos de archivos que se están obteniendo de otros ordenadores.
  • En la carpeta denominada “incoming” se almacenan los archivos que se han obtenido en su totalidad de otros ordenadores.

Los archivos que no se han obtenido en su totalidad quedan almacenados temporalmente en la carpeta denominada “temp”. Una vez obtenido el archivo en su totalidad (el 100% de los fragmentos del archivo), el archivo automáticamente pasa a la carpeta “incoming.

Los fragmentos de archivos (ubicados en “temp”) y archivos completos (ubicados en “incoming”) están compartidos o están a disposición del resto de usuarios de la plataforma.

Cuando el archivo se mueva o se borre de la carpeta “incoming” dejará de estar a disposición de otros ordenadores.

No se puede impedir que se compartan los fragmentos de archivos que se están obteniendo. Fragmentos que se encuentran en la carpeta “temp”. Tampoco se puede comprobar lo que se está obteniendo de otro ordenador hasta que no se visualice. Como les ocurre a las personas que denuncian sus descargas accidentales.

Sí se puede impedir que se compartan los archivos que se han obtenido en su totalidad. Archivos que se encuentran en la carpeta “incoming”. Pero no se hace de modo automático, sino que tiene que intervenir necesariamente el usuario, que debe borrarlos o sacarlos de la carpeta “incoming”. Guardándolos en alguna carpeta diferente de la denominada “incoming”.

¿Qué es el fichero de nombre “Known.met”?

El fichero Known.met (la caja negra del programa eMule) lleva un inventario de los archivos cuya descarga se ha iniciado y la cantidad que se ha difundido de cada uno de ellos (entre otros datos). Refleja cualquier archivo cuya descarga se ha iniciado, haya ésta finalizado o no.

Para cada archivo que inicia su descarga, en el fichero “Known.met” se almacena, entre otros, los siguientes datos: El nombre del archivo, el tamaño del archivo, el tipo de archivo que es (video, audio, etc.), el identificador único HASH del archivo, las peticiones recibidas sobre este archivo y el total de bytes transferidos a otros usuarios de este archivo.

Cualquier archivo reflejado en “known.met” puede haber sido descargado sólo en una parte ínfima en el ordenador del usuario. Sin que tenga por qué haberlo descargado en su totalidad.

Opciones de compartir carpetas y archivos

Una carpeta es un espacio del disco duro de un ordenador destinado a almacenar archivos de cualquier tipo (texto, hojas de cálculo, etc.). Una carpeta se identifica mediante un nombre, por ejemplo, «incoming», “FotosDelVerano”, “Escritos”, etc

El usuario de un ordenador tiene la opción de poder compartir carpetas y archivos de su ordenador con el resto de usuarios. El usuario de un ordenador tiene la opción de poder copiar un archivo al interior de la carpeta que automáticamente comparte eMule.

Cuando el usuario de un ordenador comparte una carpeta o archivo de su ordenador con el resto de usuarios de Internet, consiente que sus archivos informáticos estén a disposición del resto de usuarios de Internet.

 

 

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Delitos contra la libertad sexual

La libertad sexual es la facultad del ser humano de determinarse autónomamente en el ámbito de la sexualidad. Esto es, la posibilidad de elegir y practicar la opción sexual preferida en cada momento, sobre como servirse y utilizar el propio cuerpo, escoger compañero o compañera previo consentimiento y la potestad de rechazar proposiciones no
deseadas o repeler ataques eventuales.

Delito de Agresión sexual

El delito de agresión sexual se encuentra regulado en el artículo 178 del Código Penal recogiendo aquellos supuestos en los que se atente contra la libertad sexual de una persona mediante la utilización de intimidación o violencia. Del mismo modo, el artículo 179 recoge el tipo agravado de la agresión sexual recogiendo los supuestos en los que la agresión sexual
consista en el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, mediante la introducción de miembros corporales o de objetos, por las dos primeras vías referidas.

Bien jurídico protegido: La libertad sexual

Modalidades y penas:

  • Tipo básico: Nos encontraríamos en este supuesto en los casos en los que concurra violencia o intimidación, la pena por la comisión de este delito sería de uno a cinco años.
  • Tipo agravado: El tipo agravado de este delito es la violación, suponiendo este extremo una pena de prisión de seis a doce años.

Elementos del tipo y línea de defensa:

Es necesario que la víctima de la agresión se vea obligada a tolerar ciertos comportamientos de naturaleza sexual, así como a la realización contra su voluntad de los mismos, todo ello mediando intimidación o violencia, para poder enervar la presunción de inocencia del supuesto agresor.

Delito de Abusos sexuales

El abuso sexual está regulado conforme a los artículos 181 y 182 del Código Penal. Se basa en la realización de actos atentatorios a la libertad y la indemnidad sexual de otra persona, sin violencia ni intimidación y sin el consentimiento válido de la misma. Fallará el consentimiento en el momento que la víctima haya mostrado su negativa o no se le haya dado la oportunidad de pronunciarse. Del mismo modo, incurre en abuso sexual, aquella persona en edad adulta que mantenga relaciones sexuales con menores de dieciocho años y mayores de dieciséis, víctimas privadas de sentido o abusen de un trastorno mental.

Bien jurídico protegido: La libertad sexual

Modalidades y penas:

  • Tipo básico: Prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses.
  • Situación de superioridad: Prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses.
  • Acceso carnal: Prisión de cuatro a diez años.
  • Víctima menor de 18 años y mayor de 16 años: Prisión de uno a tres años.

Elementos del tipo y línea de defensa:

Para que unos hechos sean considerados como abuso sexual, es necesario que la víctima haya sufrido contacto corporal o tocamiento impúdico u otras materializaciones con significado sexual.

Delito de acoso sexual

Comete este delito, tipificado en el artículo 184 del Código Penal, quien, en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, solicite favores de naturaleza sexual, provocando a la víctima una situación intimidatoria, hostil o humillante. Estaremos ante un supuesto cualificado de este delito, con la consecuente agravación de pena, si el culpable de acoso se ha prevalido de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica.

Bien jurídico protegido: Libertad sexual

Modalidades y penas:

  • Tipo básico: Se produce entre iguales, entre los cuales existe una relación laboral, docente o de prestación de servicios continuada. Se castiga con una pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a diez meses.
  • Tipo cualificado: Se produce en una situación en la que existe una diferencia jerárquica entre autor y víctima. Se castiga con una pena de prisión de cinco a siete meses o multa de diez a catorce meses.
  • Tipo agravado: Se produce en caso de que la víctima sea especialmente vulnerable por cuestión de edad, enfermedad o condición. Se castiga con una pena de seis meses a un año.

Elementos del tipo y línea de defensa:

El acoso sexual puede llevarse a cabo a través de palabras, gestos o insinuaciones, y no tiene por qué implicar contacto físico. Asimismo, el delito se produce simplemente con la mera petición.

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Delitos Económicos

Los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico se encuentran en el Título XIII de nuestro Código Penal. Estos delitos son aquellos que, debido a la gravedad y el perjuicio patrimonial que provocan, generan responsabilidad penal, al margen de la responsabilidad civil derivada de delito.

Delito de Apropiación indebida

Tal y como establecen los artículos 253 y 254 del Código Penal, cometerán estos delitos quienes, en perjuicio de otra persona, se apropien para sí mismos o para un tercero, dinero, efectos, valores o cualquier cosa mueble que hubieran recibido en depósito, comisión o custodia o que les hubieran sido confiados y debieran devolver.

Bien jurídico protegido: La propiedad y el patrimonio.

Modalidades y penas:

  • Tipo atenuado: Si la cuantía de lo defraudado no excede de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses.
  • Tipo básico: Se castigará a los reos de estafa con una pena de prisión de seis meses a tres años.
  • Tipo agravado: Serán castigados con una pena de uno a seis años y multa de seis a doce meses los siguientes supuestos:
    • Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.
    • Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase.
    • Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico.
    • Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia.
    • El valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado número de personas.
    • Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional.
    • Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero.
    • Al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Capítulo. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.
  • En los casos en los que la defraudación supere los 250.000 euros, o aquellos en los que concurrieran las circunstancias incluidas en los numerales 4.º, 5.º, 6.º o 7.º con la del numeral 1.º del apartado anterior, se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses.
  • Se impondrán las penas previamente señaladas en su mitad superior en aquellos casos de depósito miserable o necesario.

Elementos del tipo y línea de defensa:

Para que se cometa un delito de apropiación indebida, el autor debe recibir los bienes no en propiedad, sino con la obligación de devolverlo o a entregarlo a otra persona. Asimismo, debe actuar con ánimo de lucro, dando al objeto un destino distinto al pactado. Finalmente, la acción tiene que causar un perjuicio patrimonial al sujeto pasivo.

Delitos de Hurto y Robo

Comete un delito de hurto, tipificado en los artículos 234 a 236 el que, con ánimo de lucro, toma las cosas ajenas sin la voluntad de su dueño. También comete robo quien, siendo dueño de una cosa mueble o actuando con el consentimiento de éste, la sustrae de quien la tiene legítimamente en su poder, con perjuicio de este o de un tercero.

Por el contrario, comete un delito de robo, tipificado en los artículos 237 a 242, quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran, o violencia o intimidación en las personas, sea para cometer el delito o para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o le persiguieren.

Bien jurídico protegido: El derecho a la propiedad y a la posesión.

Modalidades y penas:

El delito de hurto será castigado con las siguientes penas:

  • Tipo leve: Se impondrá una pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235 (las mencionadas en el tipo agravado).
  • Tipo atenuado: Quien, siendo dueño de una cosa mueble, o el que actúe con el consentimiento de este, sustrajere la cosa a quien la tuviere legítimamente en su poder en perjuicio del mismo o de un tercero y siempre que el valor económico de aquella supere los 400€, será castigado con la pena de prisión de tres a doce meses.
  • Tipo básico: Quien, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.
  • Tipo agravado: Se castigará al autor con la pena de prisión de uno a tres años en los siguientes supuestos:
    • Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
    • Cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de desabastecimiento.
    • Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, y se cause un quebranto grave a los mismos.
    • Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas.
    • Cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos, o se produjeren perjuicios de especial consideración.
    • Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya realizado abusando de sus circunstancias personales o de su situación de desamparo, o aprovechando la producción de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o facilitado la comisión impune del delito.
    • Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.
    • Cuando se utilice a menores de dieciséis años para la comisión del delito.
    • Cuando el culpable o culpables participen en los hechos como miembros de una organización o grupo criminal que se dedicare a la comisión de delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza.

El delito de robo será castigado con las siguientes penas:

  • Robo cometido en casa habitada, edificio o local abiertos al público, o en cualquiera de sus dependencias
    • Tipo atenuado: Si los hechos se hubieran cometido en un establecimiento abierto al público, o en cualquiera de sus dependencias, fuera de las horas de apertura, se castigará con una pena de prisión de uno a cinco años.
    • Tipo básico: Será castigado con una pena de prisión de dos a cinco años.
    • Tipo agravado: Será castigado con una pena de dos a seis años de prisión cuando los hechos a que se refieren los apartados anteriores revistan especial gravedad, atendiendo a la forma de comisión del delito o a los perjuicios ocasionados y, en todo caso, cuando concurra alguna de las circunstancias expresadas en el artículo 235.
  • Robo con violencia e intimidación
    • Tipo básico: Será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años.
    • Tipo agravado: Cuando el robo se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias, se castigará con pena de prisión de tres años y seis meses a cinco años.

Elementos del tipo y línea de defensa:

Para que se incurra en un delito de hurto, es necesario que el sujeto activo actúe con dolo, lo que implica el conocimiento de que se trata de una cosa mueble ajena que es tomada sin consentimiento ni voluntad de su dueño. Mientras, para que se cometa un delito de robo, debe realizarse con fuerza en las cosas o con violencia e intimidación en las personas.

Delito de Falsedad Documental

El Código Penal, en los artículos 390 a 399 bis diferencia entre:

  • Falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación
  • Falsificación de documentos privados
  • Falsificación de certificados
  • Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje

En el primer caso, es culpable de falsificación de documentos públicos, oficiales o mercantiles aquella autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, altere un documento en alguno de sus elementos o requisitos esenciales, simule un documento induciendo a error sobre su autenticidad o falte a la verdad en la narración de los hechos. Por este mismo delito puede ser castigado el responsable de cualquier confesión religiosa que incurra en alguna de esas conductas, respecto de documentos que puedan producir efectos en el estado de las personas.

También comete este mismo delito el particular que falsifique un documento público o privado o trafique con un documento falsificado, o
quien, a sabiendas de la falsedad de un documento, presente en juicio o intente perjudicar a otro utilizando un documento falso.

Asimismo, será castigado la autoridad o funcionario público que extienda certificación falsa, o el particular que falsifique una certificación o trafique con una certificación falsa. Por último, incurre en un delito de falsedad documental quien altere, copie, reproduzca o falsifique de cualquier modo tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje, así como quien, no habiendo intervenido en la falsificación, use dichas tarjetas o cheques en perjuicio de otro.

Bien jurídico protegido: La confianza en la autenticidad del documento y en la veracidad de su contenido probatorio

Modalidades y penas:

  • Falsificación de Documentos Públicos, Oficiales y Mercantiles y de los Despachos transmitidos por Servicios de Telecomunicación
    • Se castigará con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, a la autoridad o funcionario público o al responsable de cualquier confesión religiosa que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad.
    • Se castigará con la pena de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a un año, a la autoridad o funcionario público que por imprudencia grave incurriere en alguna de las falsedades previstas anteriormente o diere lugar a que otro las cometa.
    • Se castigará con la pena de prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, a la autoridad o funcionario público encargado de los servicios de telecomunicación que supusiere o falsificare un despacho telegráfico u otro propio de dichos servicios.
    • Se castigará con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses, al particular que cometiere en documento público, oficial o mercantil, alguna de las falsedades mencionadas anteriormente, o a aquel que, sin haber intervenido en la falsificación, traficare de cualquier modo con un documento de identidad falso.
    • Se castigará con las penas de prisión de seis meses a un año y multa de tres a seis meses al que hiciere uso, a sabiendas, de un documento de identidad falso.
  • Falsificación de Documentos Privados
    • Se castigará con la pena de prisión de seis meses a dos años al que, para perjudicar a otro, cometiere en documento privado alguna de las falsedades previstas anteriormente. Asimismo, a aquel que, a sabiendas de su falsedad, presentare en juicio o, para perjudicar a otro, hiciere uso de un documento falso, incurrirá en la pena inferior en grado a la señalada a los falsificadores.
  • Falsificación de Certificados
    • Se castigará con la pena de multa de tres a doce meses al facultativo que librare certificado falso.
    • Se castigará con la pena de suspensión de seis meses a dos años a la autoridad o funcionario público que librare certificación falsa con escasa trascendencia en el tráfico jurídico (no será aplicable a los certificados relativos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública).
    • Se castigará con la pena de multa de tres a seis meses al particular que falsificare una certificación de las designadas anteriormente, o a aquel que hiciere uso, a sabiendas, de la certificación, así como al que, sin haber intervenido en su falsificación, traficare con ella de cualquier modo.
  • Falsificación de Tarjetas de Crédito y Débito y cheques de viaje.
    • Se castigará con la pena de prisión de cuatro a ocho años al que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje.
    • Se castigará con la pena de prisión de dos a cinco años al que sin haber intervenido en la falsificación usare, en perjuicio de otro y a sabiendas de la falsedad, tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados.
    • Se impondrá la pena en su mitad superior cuando los efectos falsificados afecten a una generalidad de personas o cuando los hechos se cometan en el marco de una organización criminal dedicada a estas actividades.
    • Se castigará con la pena de multa de dos a cinco años a la persona jurídica que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, sea responsable de los anteriores delitos.
    • Se castigará con la pena señalada a la falsificación la tenencia de tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje falsificados destinados a la distribución o tráfico.

Elementos del tipo y línea de defensa:

Para que se cometa un delito de falsedad documental, el comportamiento del sujeto activo debe ser idóneo para inducir a error, haciendo pasar por legítimo o verdadero un signo ilegítimo o falso y ha de estar expresamente destinado a producir efectos en el tráfico jurídico, incidiendo sobre aspectos esenciales del documento de que se trate.

Delito de Alzamiento de bienes

El alzamiento de bienes, recogido en el artículo 257 del CP, es un delito socioeconómico que consiste en cualquier acción de un deudor dirigida a la sustracción u ocultación de todo o parte de su patrimonio. El objetivo del deudor es que el acreedor encuentre dificultades para hallar elementos patrimoniales con los que poder cubrir su deuda.

Este delito consiste en:

  • Alzarse con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, a través de operaciones materiales, tales como la ocultación o la destrucción, bien a través de operaciones jurídicas, como la creación de hipotecas, las donaciones y enajenaciones reales o ficticias.
  • Quien, con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación.
  • El responsable de cualquier hecho delictivo que, con posterioridad a su comisión, y con la finalidad de eludir el cumplimiento de las responsabilidades civiles dimanantes del mismo, realice actos de disposición o contraiga obligaciones que disminuyan su patrimonio, haciéndose total o parcialmente insolvente.

Bien jurídico protegido: El patrimonio de los acreedores y su derecho de crédito

Modalidades y penas:

  • Será castigado con las penas de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses el que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores; y quien con el mismo fin realice, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de pre-iniciación.
  • En el caso de que la deuda u obligación que se trate de eludir sea de Derecho público y la acreedora sea una persona jurídica pública, la pena a imponer será de 1 a 6 años y multa de 12 a 24 meses.
  • Tipo agravado: Las penas previstas en el presente artículo se impondrán en su mitad superior en los supuestos previstos en los numerales 5.º o 6.º del apartado 1 del artículo 250.

Elementos del tipo y línea de defensa:

El delito de alzamiento de bienes es un delito de mera actividad o de frustración de obligaciones, lo que significa que no es necesario que el alzamiento haya producido un daño o perjuicio al acreedor, sino que basta con que haya una intención de evitar o dificultar los embargos por la deuda.

Delito de Estafa

stos delitos, recogidos en los artículos 248 a 251 bis del Código Penal, son delitos contra el patrimonio en los que se utiliza con ánimo de lucro el “engaño bastante” para producir error en una persona induciéndola a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

También serán castigados por estafa quienes, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro, así como quienes fabriquen, introduzcan, posean o faciliten programas informáticos específicamente destinados a la comisión de estafas. Por último, cometen estafa también quienes utilizando tarjetas de crédito o debido, o cheques de viaje, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.

Bien jurídico protegido: El patrimonio ajeno

Modalidades y penas:

  • Tipo leve: Se impondrá una pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros.
  • Tipo básico: El delito de estafa se castigará con prisión de seis meses a tres años. Para la fijación de la pena se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción.
    • Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social.
    • Se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase.
    • Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico.
    • Revista especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia.
    • El valor de la defraudación supere los 50.000 euros, o afecte a un elevado número de personas.
    • Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional.
    • Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero.
    • Al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Capítulo. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.
  • Tipo agravado: Si concurrieran las circunstancias incluidas en los numerales 4. º, 5. º, 6. º o 7. º con la del numeral 1. º del apartado anterior, o si el valor de la defraudación superase los 250.000 euros, se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses.
    • Será castigado con pena de prisión de uno a cuatro años quien:
      • Atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad de disposición de la que carece, bien por no haberla tenido nunca, bien por haberla ya ejercitado, la enajenare, gravare o arrendare a otro, en perjuicio de éste o de tercero.
      • El que dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de éste, o de un tercero.
      • El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado.
    • Si una persona jurídica, de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 bis, fuese responsable del delito, se le castigará con:
      • Multa del triple al quíntuple de la cantidad defraudada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
      • Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada, en el resto de los casos.

Elementos del tipo y línea de defensa:

Para que se cometa un delito de estafa, el sujeto activo debe producir un error en el sujeto pasivo a raíz de una acción engañosa que causa una suposición falsa. Es decir, la acción engañosa debe ser causa de este error.

Delito contra Hacienda Pública

Estos delitos, tipificados en los artículos 305 a 306 del Código Penal, consisten en defraudar a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, por acción u omisión, eludiendo el pago de tributos. Igualmente, puede incurrir en este delito quien por acción u omisión defraude a los presupuestos generales de la Unión Europea u otros administrados por ésta.

Bien jurídico protegido: El patrimonio de la Hacienda Pública

Modalidades y penas:

  • Si la cuantía defraudada no superase los cien mil euros pero excediere de diez mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años.
  • Cuando la cuantía de la cuota defraudada exceda de ciento veinte mil euros, o si, cometiéndose contra la Hacienda de la Unión Europea, excediera de cien mil euros en el plazo de un año natural, el autor del delito será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía. Además, también se le impondrá la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.
  • Si la cuantía defraudada o aplicada indebidamente no superase los cincuenta mil euros, pero excediere de cuatro mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años.
  • Tipo agravado: El delito contra la Hacienda Pública será castigado con la pena de prisión de dos a seis años, multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a ocho años, cuando se cometiere concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:
    • Que la cuantía de la cuota defraudada exceda de seiscientos mil euros.
    • Que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal.
    • Que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado tributario o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito.

Elementos del tipo y línea de defensa:

Para que se cometa este delito, es necesario el dolo, pues no se admite la comisión por imprudencia. Igualmente se exigen la existencia de una relación jurídica tributaria por la que los sujetos activo y pasivo, siendo el primero el obligado tributario y el segundo el titular de la Hacienda Pública, y la producción de un perjuicio que se consuma en el instante en que se elude el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie o se obtienen indebidamente devoluciones o se disfruta de beneficios fiscales.

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